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Prensa

Forum de radios rumbo a la COP 21 de París

Escrito por Anto Calle el . Publicado en Blog (español)

El pasado miércoles 4 de noviembre se estrenó la Convergencia Radial rumbo a la COP 21 de París, donde participaron colectivos y radios de varios países.

Coordinado desde Quito por la Agencia Ecologista de Información Tegantai y el equipo de comunicación de YASunidos de Ecuador, se desarrolló el primer trabajo del Forum de Radios en una maratón de casi 5 horas de emisión encadenada, junto con radio Zapote  con el equipo de Hijos de la Tierra(México), radio Bomba (Perú), radio Wambra (Ecuador) y el programa Toma la Tierra desde España hablaron de problemáticas ecológicas locales y de justicia climática, y analizaron los encuentros de las COPs (conferencias de Naciones Unidas sobre el cambio climático), las pasadas y las que está por llegar, el próximo mes de diciembre en París. 

 

 

¡Justicia Climática desde el Subsuelo!

YASunidos rumbo a la COP 21 DE París

 

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Carta de apoyo al Doc. Julio César Trujillo

Escrito por Anto Calle el . Publicado en Blog (español)

 

La Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador, conformada por distinguidos ecuatorianas y ecuatorianos, entre ellos el doctor Julio César Trujillo, fue creada por iniciativa ciudadana para fiscalizar una de las obras “emblemáticas” del gobierno nacional, pues las autoridades de control han perdido credibilidad, por la falta de independencia del Ejecutivo evidente desde hace algunos años.

El primer informe de la Comisión, se refirió al contrato de la obra de construcción de la hidroeléctrica Manduriacu, que fue convenido por USD 124.881.250, pero al final se pagó USD 227.389.966, lo cual supone un sobreprecio exagerado, que pretenden justificar mediante la suscripción de contratos complementaros, a pesar de que las normas de contratación pública prohíben que estos contratos excedan el 35% del monto inicial.

Estas irregularidades, entre otras, son las que evidencian en su informe los miembros de la Comisión, y por este hecho han sido acreedores de una denuncia penal en su contra por parte de las autoridades aludidas: Ministro de Electricidad, CELEC y Prefecto de Pichincha. La valentía y el coraje de hacer pública esta información, y denunciar las irregularidades cometidas por el Estado es digno de aplauso y apoyo público, pues la Comisión está defendiendo los intereses de las ecuatorianas y ecuatorianos perjudicados por la construcción de Manduriacu.

En este contexto, nos solidarizamos con todos los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador, en especial con el Dr. Julio César Trujillo miembro del Colectivo YASunidos, quienes representan la voz de la ciudadanía frente a este hecho vergonzoso. Respaldamos y apoyamos las acciones valientes tomadas por los miembros de la Comisión, que permiten poner en evidencia el mal uso de los fondos públicos. Exigimos a las autoridades del Estado, en particular aquellas que han tomado acciones penales en contra de los miembros de la Comisión, retirar sus acusaciones, pues constituyen una ofensa pública frente al derecho legítimo de los ciudadanos de fiscalizar los actos del poder público.


YASunidos

 

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FUNCIONARIA DEL GOBIERNO DICE QUE NO HAY CARRETERA EN EL YASUNÍ

Escrito por Anto Calle el . Publicado en Blog (español)

El día 30 de septiembre del 2015, salió una investigación realizada por la periodista Nina Bigalke sobre el Yasuní y las carreteras que se están construyendo en el parque, que afectarían al ecosistema. En este reportaje, la secretaria de Hidrocarburos, afirma que no hay carretera en el Yasuní, a pesar de las múltiples evidencias que han sido mostradas por expertos en el tema, a la sociedad ecuatoriana y al mundo. La falta de transparencia y los engaños por parte del gobiernos, continúan.

 

 

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Carta Abierta por la protección de los pueblos Tagaeri y Taromenane‏

Escrito por Anto Calle el . Publicado en Blog (español)

ÚNETE A ESTA PETICIÓN
Si deseas adherirte copia la carta, pon tu firma y manda a las siguientes direcciones:

con copia a:
 

 

 
 

Quito, 12 de octubre de 2015

 

 

CARTA ABIERTA

 

 

Econ. Rafael Correa D.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ing. Jorge Glas E.

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dra. Lorena Tapia

MINISTRA DEL AMBIENTE

Dra. Ledy Zúñiga R.

MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

En sus despachos,

Profundamente preocupados por la inminente entrega de la licencia ambiental para el bloque 55 más conocido como Campo Armadillo por parte del MAE, zona donde se produjeron las muertes de Héctor España y Luis Castellanos en 2005 y 2008 respectivamente; donde se han documentado más de 5.000 registros y testimonios (muchos de ellos recientes); donde los propios documentos del MAE y el Plan de Medidas Cautelares reconocen la presencia de “pueblos indígenas en aislamiento voluntario” [1], alertamos que activar las operaciones petroleras en esta zona del bloque sería fatal para los PIAV, pero también para la credibilidad de su gobierno y la institucionalidad en materia de derechos de los Tagaeri y Taromenane.

Les recordamos que en los dictámenes de la Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario, el estado debe asumir:

      que se garantice la posesión ancestral de los territorios que habitan y usan para sus actividades de subsistencia y la intangibilidad de los mismos;
      que se garantice su movilidad de acuerdo a sus patrones culturales;
      que se comprenda que la presencia de los Tagaeri, Taromenani y otros que se encuentren en situación de aislamiento voluntario asegura que vastas porciones del Parque Nacional Yasuní se encuentren en buen estado de conservación;
      que su exterminio no sea jamás considerado como un medio para facilitar las actividades extractivas en la Amazonía, ni como un resultado colateral inevitable”[2].

En las Líneas Estratégicas para la Acción se establece como obligación: Consolidar y potenciar el principio de intangibilidad” y se menciona como prioridad: “Se promoverá a futuro un nuevo ordenamiento territorial que impida las operaciones petroleras en la zona de influencia al territorio ocupado por los Tagaeri y los Taromenani”.

 

Pero además las recomendaciones del Informe del año 2013 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre  “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas”, sección sobre Recursos Naturales[3]: Se  declara que deberá “Abstenerse de otorgar licencias o autorizaciones para realizar actividades relacionadas a la extracción de recursos naturales, como la minería, actividades hidrocarburíferas, de deforestación, ganaderas y agroindustriales, entre otras, en áreas con presencia o tránsito de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, incluidas zonas de amortiguamiento”.

 

Lo obvio, lo sensato, lo correcto y apegado a la ley y a la Constitución es el  cierre definitivo del Bloque 55 (Armadillo), la anulación de toda concesión expedida sobre este, así como la ampliación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane hacia este bloque y más aún hacia definir y alcanzar un territorio que proteja a perpetuidad la integridad, y sus derechos humanos fundamentales evitando así un inminente etnocidio.

“Un pozo más en el Yasuní, un día menos en la existencia de los Tagaeri y Taromenane”.


[1]El Ministerio de Ambiente y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, enviaron en abril de 2013 un mapa (http://bit.ly/1LmSnht) en donde se identifica la ubicación de cuatro grupos de PIAV, entre ellos el “Grupo Armadillo”.

[2] “Política Nacional para los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario”; Gobierno Nacional de la República del Ecuador. Pp. 6, 7

[3] “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas”, sección sobre Recursos Naturales”; Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pp. 81

 

 

Atentamente,

 

YASunidos

Jorge Herrera

Franco Viteri 

Raúl Moscoso  

Fernando Ponce 

Ramiro Ávila Santamaría 

Alberto Acosta 

Aurora Donoso 

Julio César Trujillo     

Esperanza Martínez 

Carlos Pérez  

Elsie Monge

Alexandra Almeida 

José Proaño 

Ivonne Yánez

Milagros Aguirre

Joan Martínez Alier 

Carlos Larrea

Katy Álvarez 

Nina Gualinga             

Laura Rival

Christoph Baumann   

Carlos Andrés Vera   

Roque Sevilla

Blanca Chancoso

Nidia Arrobo

Comité de Derechos Humanos de Orellana

Walter Mena- Presidente Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica

Colectivo ARTOS de Manta

Pablo Cardoso

Daniel Pérez Creus

Ongd AFRICANDO

Rebecca Zehr

Irene Donoso Vallejo

Fernando Larrea

Vicente Martínez

Michelle Báez

Leandro Velasco

Guadalupe Rodríguez


Salva la Selva

Philip Gondecki

Charlotte Gengenbach

José Gabriel Rivas Ducca, biólogo-ecologista- Costa Rica

Julio César Maya G.- Corporación La Ceiba

Blandine Gravelin

Jorge Corral

Emilio Chong-  ActivismoGlobal

Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur

Comité de Derechos Humanos de Orellana

Cabildo por las Mujeres de Cuenca

Yasunid@s - Guapondelig

Frente por la Salud de los Pueblos – Azuay

Fernando Pico

Alessandra Dirani Aguilar

María José Racines

Econ. Diana Sharom Cabrera Montecé MSc.
Drte. Ciencias Económicas
Universidad Autónoma Metropolitana – México

Carmen Seco Pérez

Aída Quinatoa

María Moreno de los Ríos

Alfredo E.Calcagno – Argentina

Alfred Henkel - Alemania

Fausto Valero Alvarez - Ballenita Sí . Organización Comunitaria

Verónica Potes

Rebeca Donoso C.

Sara Silva Rodríguez 

Melissa Moreano

Victoria Carrasco

Eugenio Bayancela

Rafael Vasconez

María Belén Moncayo

Miriam Hinkelman, United Staes of America

Sandra Flemisch

Eulalia Carrasco Andrade

Sara Cordeon

 Chloé Mecqinion

Jorge Iván Reyes

 

 

Valeria Orellana Ulloa

Billy Navarrete

Rocío Bastidas

Andrea Sanaguano

Gaia Calligaris

Wilson Suárez

 

 

Carta en PDF

 

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CARTA A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL #LEVANTAMIENTO

Escrito por Anto Calle el . Publicado en Blog (español)

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Quienes firmamos, juristas, defensoras y defensores de Derechos Humanos, docentes y estudiantes de Derecho, abogadas/os de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, en el contexto de las jornadas de protesta que la CONAIE y otros sectores sociales llevan adelante desde el 13 de los corrientes, sentimos la necesidad de pronunciarnos en los siguientes términos:

I

Invocamos la plena vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en 2008, que en su Artículo 1 proclama al Ecuador como un Estado de Derechos y Justicia, plurinacional.

II

Recordamos que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución (Artículo 11, numeral 9 CRE) entre los que se encuentra el derecho a la resistencia reconocido por el Artículo 98 de la Carta Fundamental.

III

Señalamos que de acuerdo al Artículo 158 de la Constitución “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”. El uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en contra de manifestantes y líderes sociales, desdice de este precepto constitucional y del contenido en el Artículo 163 de la Constitución respecto a que “Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza”. El uso de las Fuerzas Armadas para reprimir manifestaciones contraviene el Artículo 158 de la Constitución que prescribe que “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”.

IV

Reconocemos que la declaratoria de estado de excepción, mediante Decreto 755, responde a una situación de eventual desastre natural. De ninguna manera, esta situación puede justificar excesos por parte del Fuerza Pública hacia dirigentes sociales y población civil en la totalidad del territorio nacional, y suspender derechos en relación a la emergencia debida; pues medidas como la censura previa y restricción de derechos deben guardar estricta relación a los motivos del estado de excepción. Medidas como la censura previa y restricción de derechos

deben guardar estricta relación a los motivos del estado de excepción, en este caso el posible desastre natural y no para adoptar medidas de control a manifestaciones sociales.

V

Recordamos a los servidores públicos encargados de esta grave coyuntura nacional, que de acuerdo al art. 165 de la Constitución, serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción.

VI

Rechazamos que manifestantes y líderes sociales sean detenidos por la fuerza pública sometiéndolos a golpes y vejámenes que atentan contra sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad y que podrían constituir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, proscritos por el Estatuto de Roma y otras normas de Derecho Internacional.

VII

Anunciamos que a pedido de la dirigencia de la CONAIE nos constituimos en una Mesa Jurídica Nacional que dará seguimiento a cualquier violación a los derechos humanos que se presente en el contexto de la protesta social, activando los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales necesarios para la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.

Por estas razones:

1. Exigimos el absoluto respeto por el estado de Derecho y el régimen democrático constituido en el marco del estado de excepción decretado, así como la plena observancia de las obligaciones internacionales del Estado con respecto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

2. Exigimos el cumplimiento de las garantías del debido proceso, la no criminalización de la protesta social y el respeto a los deberes especiales que tiene el Estado en relación a personas de grupos de atención prioritaria que ejercen su derecho a la resistencia.

3. Defendemos el derecho a la libertad de expresión y libre asociación ejercido en el marco de protestas y manifestaciones públicas, las mismas que el Estado debe respetar y garantizar mediante un uso limitado, proporcional y excepcional de la fuerza pública.

4. Exhortamos que las exigencias de los diferentes grupos y movimientos sociales sean debidamente atendidas y canalizadas por las autoridades

públicas pertinentes, y que se respete el derecho del pueblo de participar protagónicamente en asuntos de interés público, libres de actos de estigmatización y amedrentamiento.

5. Exigimos que las autoridades judiciales cumplan de manera irrestricta con su deber de realizar un debido control de constitucionalidad y convencionalidad en el marco de los procesos relacionados con las protestas públicas, recordando que las obligaciones internacionales exigen al Estado no criminalizar las movilizaciones sociales.

6. Demandamos a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional que cumplan con sus competencias, y controlen adecuadamente el uso de los bienes públicos, el empleo de la fuerza pública, y la aplicación de la censura previa en el marco del estado de excepción.

7. Solicitamos a los organismos internacionales que activen los procedimientos de control establecidos en los tratados válidamente celebrados en el Ecuador en relación al Estado de excepción.

Quito, 18 de Agosto de 2015

Nina Pacari Vega

Julio César Trujillo

Farith Simon

Alejandro Ponce Villacís

Ramiro Ávila

Silvia Buendía

Mario Melo

Raúl Moscoso

Gonzalo Realpe R.

Gina Benavides Llerena

Susy Garbay Mancheno

Renata Nieto

Mauricio Alarcón-Salvador

Patricia Carrión

Milton Vargas

Lina María Espinosa Villegas

Jorge Acero Gonzalez

Pablo Piedra

María Dolores Miño

Pablo Ramírez

Marcelo Espinel Vallejo

Gabriela León

Isabel Crespo

Fred Larreategui Fabara

Arturo Moscoso

Luis Xavier Solís Tenesaca

Juan Gabriel Auz Vaca

Silvana Sánchez Pinto

Verónica Yuquilema

Organizaciones:

Acción Ecológica

Centro de Derechos Humanos de la PUCE

Colectivo de Abogados

Colegio de Abogados de Pichincha

Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU

Comité de Derechos Humanos de Orellana

Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA

Fundación Desarrollo Solidario

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH

Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS

Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari

Observatorio de Derechos y Justicia

Red de Líderes comunitarios Ángel Shingre

YASunidos

 

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