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Yasunidos presenta demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral

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Despues de que el Consejo Nacional Electoral dio una respuesta negativa a la impugnación de Yasunidos, el colectivo presentó la mañana del miércoles 18 de junio del 2014 nuevamente una nueva demanda al Tribunal Contencioso Electoral, en la que se espera que se actue en derecho y se deje sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral, que no dio paso a la Consulta Popular.

Uno de los abogados del colectivo ha señalado que en el Reglamento de Trámites ante el Tribunal Contencioso Electoral, el artículo 4 dice: “(…) Fuera de período electoral correrán solamente los días laborales”. Sin embargo el presidente del CNE ha hecho declaciones donde deja claro que desconoce por completo la legislacioón que pretende aplicar, alegando que el colectivo no presentó a tiempo la demanda por lo que daría por terminado el proceso de iniciativa de Consulta Popular porque supuestamente el proceso de recolección de firmas es de caracter electoral cuando se trata de un mero acto  administrativo.

Para ver la rueda de prensa completa, haz click aquí.

 

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Bloque 31: ¿Sendero ecológico o carretera petrolera?

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Científicos internacionales determinaron que la estatal petrolera Petroamazonas no cumple con los parámetros del Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de crudo en el Bloque 31, dentro del Parque Nacional Yasuní, ya que actualmente se encuentra abierta una carretera de al menos 20 kilómetros, hasta la frontera misma del área intangible.

En una rueda de prensa convocada la tarde del pasado miércoles 4 de junio por la Universidad Andina Simón Bolívar, Mássimo Di Marchi, científico italiano que encabezó esta investigación señaló que mediante la observación de varias imágenes satelitales el grupo de científicos llegó a la conclusión que dentro del Parque Nacional Yasuní la carretera abierta llega a tener en algunas partes, hasta 60 metros de ancho, que es mucho más de los 10 metros señalados por el EIA; agregan que mediante estas imágenes se ha logrado detectar la apertura de una cantera cuya operación no constaba dentro del mismo Estudio de Impacto Ambiental.

Las imágenes satelitales de muy alta resolución, tomadas en septiembre del 2013 confirman que Petroamazonas está utilizando líneas de flujo como camino de acceso, que incluyen estructuras permanentes, puentes y drenajes; que el derecho de vía (DDV) promedio dentro del Parque Yasuní es 26 metros de ancho, es decir, 2,5 veces mayor al aprobado por el EIA; también concluyen que menos del 6% de la vía de acceso al parque es inferior a los 15 metros de ancho; finalmente indican que la deforestación total del área es de 63,64 hectáreas, lo que significa un 34,4% más que las 47,33 aprobadas por la licencia para el aprovechamiento forestal.

Di Marchi señala que si no existe una mejor supervisión a las operaciones de Petroamazonas de parte de las autoridades del sector, con lo que se ha demostrado en la actualidad, no se puede confiar en que la explotación de Tambococha y Tiputini, se apegue a la licencia autorizada por el Ministerio de Ambiente ni al Decreto Ejecutivo que la autoriza.

Para ver informe completo, haz click aquí

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Carta de Yasunidos para la CIDH - 30 de mayo, 2014

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Organización de Estados Americanos

Ref.: Proceso de Medidas Cautelares número: MC-91-06 a favor de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani, Ecuador, en relación con la Petición de fondo número P-422-06, Ecuador.

De nuestras consideraciones,

Reciban un cordial saludo de parte del Colectivo YASunidos, quienes encabezamos un proceso de Convocatoria a Consulta Popular por la no explotación petrolera del bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní del Ecuador.

Señores, queremos comentarles que, consientes del peligro que corre la vida de los pueblos en aislamiento voluntario localizados en esta frágil zona, en donde se autorizó por parte de la Asamblea Nacional en octubre pasado la “Declaratoria de Interés Nacional para la explotación petrolera de los bloques 31 e ITT”, como YASunidos presentamos el 3 de abril de este año, una carta dirigida a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Sra. Gabriela Rivadeneira, informándole del posible avistamiento de miembros de pueblos no contactados por los trabajadores que están ubicados en las instalaciones petroleras del bloque 31, con el objetivo de que solicite al ejecutivo se cumpla con las resoluciones de la Declaratoria.

Dicha Declaratoria en su segunda resolución dice que: “En cumplimiento de los principios de aplicación de los derechos garantizados en la Constitución, la Función Ejecutiva, en el caso de avistamiento de personas de pueblos en aislamiento voluntario, suspenderá las actividades hasta la aplicación de las políticas, protocolos y códigos de conducta que precautelen los derechos a la vida y la autodeterminación de los pueblos”

Se ha entregado ya el informe de los primeros seis meses de actividad en la zona y en ningún momento se ha mencionado la posibilidad siquiera de detener la actividad, mientras se investiga la posibilidad de presencia de estos pueblos.

Por otro lado, el pasado 22 de mayo, el Ministerio del Ambiente, de manera extemporánea, a otorgado la correspondiente Licencia Ambiental a la empresa PETROAMAZONAS EP, para el “inicio” de sus operaciones en los campos Tiputini y Tambococha del bloque ITT, ignorando todo tipo de medidas, exigencias o recomendaciones que protejan los derechos de los Pueblos Aislados, su cultura y territorio.

En este sentido, y en conocimiento de que se han extendido medidas cautelares a favor de los pueblos no contactados que habitan en el Yasuní, apelamos a ustedes para que tomen cartas en el asunto y hagan llegar sus observaciones al Estado Ecuatoriano.

Adjuntamos oficio entregado a la Asamblea Nacional del Ecuador

Atentamente,

Yasunidos

 

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CARTA PÚBLICA AL MINISTERIO DEL AMBIENTE

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Lorena Tapia

Ministra del Ambiente

Un ministerio del ambiente que otorga licencia para explotar petróleo en el hogar de los pueblos en aislamiento voluntario, y que tuvo 7 años para reflexionar la forma y el fondo antes de emitir dicho permiso, sorprende al país y al mundo con un documento mediocre, permisivo, improvisado y con escaso sustento; esto nos llena de vergüenza.

1. Desconocimiento de derechos

  1. En la licencia se citan únicamente los artículos de ley que tienen que ver con la administración y acceso a los recursos naturales por parte del estado, con la excepción del Art. 407 en donde se valen de la excepción determinada en el mismo; no obstante se ignoran sistemáticamente muchos otros artículos relevantes como por ejemplo: Art. 11 “(…) la naturaleza es titular de derechos”, Art. 397.4 “(…) la intangibilidad de las áreas protegidas”, Art. 3.7 “(…) son deberes primordiales del estado proteger el patrimonio natural y cultural del país”, Art. 71 y 72 “(…) la naturaleza tiene derecho a existir, perdurar y a su restauración”. Se ignoran además los principios ambientales que deben ser conductores de la política nacional, como lo son: Art. 395 “(…) la sustentabilidad”, Art. 396 “(…) el principio de precaución”, Art. 397 “(…) la reparación integral”, Art. 404, 405, 406 “la conservación del patrimonio natural”, etc.
  1. El Buen Vivir no es una agenda que tenga que ver únicamente con el acceso a servicios, sino que tiene que ver con los derechos y con necesidad de proteger la naturaleza y el ambiente, así lo demuestra el Art. 7.11.C del mismo plan, donde se exige la preservación del Yasuní y erradicación de actividades que no sean compatibles con su conservación.
  1. Queremos recordarle que las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales es imprescriptible (Art. 427) y que usted y toda su cartera de estado tienen responsabilidad por los perjuicios ambientales que sus decisiones permitan (Art. 397); además que el delito de etnocidio es también imprescriptible (Art. 57, párrafos finales) y penado por la Corte Penal Internacional.

2. Ausencia de garantías

  1. En todo el cuerpo de la licencia se describen las acciones ya realizadas en el Yasuní, muchas de las cuales carecen de legalidad en sus procedimientos y tiempos. Los trámites de la licencia se hicieron cuando aún estaba vigente la iniciativa ITT de no explotación del crudo, es decir entre el 2010 y 2011. Las audiencias y consultas se hicieron antes de tener el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) realizado por Petroamazonas y aprobado el 2011 a pesar de que bloque es recién asignado a la misma empresa en enero del 2014.
  1. La terminología utilizada en la licencia otorgada por su ministerio revela la poca voluntad de cuidar el ambiente, la naturaleza y los derechos de las personas y comunidades; por ejemplo decir atenuar, mitigar, minimizar, procurar, es muy diferente que decir evitar, prohibir, usar tecnología que garantice, sancionar o eliminar.
  1. De los 15 puntos señalados como obligación en la licencia ambiental, la mayoría son retóricos, no tienen fuerza y equivalen a autorizar “cualquier cosa” a Petroamazonas:
  • Se señala que la empresa debe cumplir con el EIA y PMA elaborado por Petroamazonas, sin embargo según la licencia ambiental, pueden cambiar de acuerdo a la misma empresa.
  • El monitoreo se realizará internamente, no como se supone bajo normas de transparencia: independiente, participativo y permanente.
  • En cuando a la tecnología y métodos a aplicarse, la empresa no tiene obligación alguna, pues “atenuar” y “prevenir en la medida de lo posible los impactos negativos al ambiente”, equivale a poco o nada.
  • Se establece que Petroamazonas será responsable de lo que hagan sus contratistas; esto es muy importante para un operador, sobre todo cuando se trata de transnacionales, pues las contratistas son los que hacen los daños en campo. En el caso del ITT, las contratistas son empresas privadas, muchas transnacionales de USA o de China.
  • Lo único mandatario, que presenta la licencia, es presentar el cronograma, sin embargo esto debería estar ya incorporado en los estudios.
  • Se señala la obligación de presentar auditorías ambientales de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental; esto revela que no se harán las auditorías de impactos, de uso de recursos, o de incidentes; pero lo más grave es que éstas serán internas y no independientes.
  • Se menciona que Petroamazonas otorgará “facilidades” al ministerio del ambiente y de justicia para el monitoreo y control; imaginamos que se refieren al uso de vehículos de la petrolera y al uso de sus campamentos; esto es lo único explícito en relación a obligaciones en torno al monitoreo y control en materia de pueblos aislados y de la naturaleza.
  • El pago de servicios administrativos, pagar el control y monitoreo, equivale a la privatización del manejo ambiental.
  • No se exigen garantías a entidades públicas o privadas con finalidad social.

3. Falta de comprensión del tema petrolero

  1. La actividad petrolera es de alto impacto ambiental y tiene diversas fases las cuales provocan impactos ecológicos; el sólo anuncio de las actividades genera ya impactos sociales y culturales que a su vez se desarrollan en problemas ambientales. Dentro de estas actividades, la sísmica es la más dañina por lo extensivo e intensivo del impacto; la licencia expedida por ustedes se desvincula del permiso a la sísmica por la absurda razón de que es una “actividad investigativa” que no requiere de licencia.
  1. En la licencia ambiental se revela falta de concordancia con las políticas nacionales; la propuesta de no explotación del crudo fue sostenida por 7 años, la licencia ambiental ignora todos estos argumentos; a pesar de la idea de que el impacto será mínimo (equivalente al falaz uno por mil), se pasa por alto todos los impactos ya realizados en el área.

El inicio de una actividad en la zona debería partir de una auditoría ambiental sobre el estado actual, identificar las acciones ya realizadas y la legalidad de esas actividades.

La licencia ambiental es un recurso de protección del ambiente y de la naturaleza, no un instrumento administrativo para la producción y desarrollo de una actividad de alto impacto. Usted señora ministra cumplió con un requisito desconociendo información de impactos, riesgos y sobre todo derechos.

Usted señora ministra acaba de firmar una licencia para que Petroamazonas opere sin ningún control socio ambiental efectivo en el Yasuní, violando la Carta Magna y hasta el Plan Nacional de Buen Vivir; si quiere ser honesta con el Ecuador y con su cargo, DIMITA.

 

Atentamente

YASunidos

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